Bolivia tiene menos de un año para denunciar o renegociar todos los tratados internacionales
Por mandato de la CPE, el país debe analizar todos los acuerdos bilaterales y multilaterales hasta el 22 de enero del próximo año, incluyendo el Tratado de 1904.
 Los foros internacionales en los que Bolivia tiene presencia podrían verse afectados si no se debate la vigencia de los tratados bilaterales y multilaterales. |
Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la nueva estructura jurídica que implica su aplicación, el país debe considerar y analizar todos los acuerdos y tratados internacionales hasta el 22 de enero próximo, por lo que el tiempo apremia y la causa marítima también está incluida en el debate.
El Tratado de 1904 como ya anticipara el investigador Víctor Hugo Chávez, es el más importante acuerdo que el Estado debe denunciar o renegociar para que no contradiga a la Carta Magna, siendo un tema que el Gobierno deberá apurar en el marco de la demanda marítima y el pedido expreso, también constitucional, de un retorno a las costas del Pacífico con soberanía.
La novena disposición transitoria de la Carta Magna señala que los tratados anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico, mientras que “en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009), éste denunciará y en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
Sobre el tema, se evidencia una falta de conocimiento por parte de los legisladores bolivianos, que al ser consultados manifestaron que se trabajará en estos tratados y convenios durante esta legislatura, pero aún esperan un informe de parte de la Cancillería del Estado que es la encomendada al caso.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta abordar los temas de tratados internacionales en la Asamblea Legislativa a partir de esta gestión, porque consideran que esta instancia debe reforzar el tratamiento que se realiza a los acuerdos internacionales con otros países a través de la Cancillería.
El diputado oficialista, Roberto Rojas, señaló que de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), todos los legisladores tienen la obligación y el derecho de a tratar los temas internacionales ya que en los últimos años no sucedió este aspecto, por lo que varios temas fueron obviados.
Resaltó que uno de los temas fundamentales es la revisión de los tratados internacionales de Bolivia con otros países, tomando en cuenta que la nueva carta magna establece que los acuerdos internacionales anteriores a la constitución y que no la contradigan mantendrán su orden jurídico, sin embargo, de no ser así el Estado boliviano tiene un plazo de cuatro años después de la posesión del Órgano Ejecutivo, que fue en diciembre de 2009.
“Creemos que va ser muy importante que abordemos estos temas principalmente en la comisión de política internacional, para conocer cómo andan estos acuerdos y ver qué acciones tomar en adelante”, dijo.
Por su lado, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomas Monasterios, señaló que el país en su conjunto principalmente las autoridades competentes deben estar atentas a los plazos de denuncia para la renegociación de los tratados internacionales que no estén en base a la Constitución Política de Estado (CPE).
El asambleísta expresó su preocupación sobre el plazo de un año que le queda al país para denunciar los tratados que contradigan al ordenamiento constitucional, ya que al menos en la Asamblea Legislativa no se tocó el tema hasta el momento.
“Al menos en los últimos tres años que estuve en la Asamblea no hemos hecho análisis de alguna adecuación constitucional, nunca se abordó estos temas, pero me parece muy importante que lo hagamos, tomando en cuenta que son de interés del país además de que si existe el plazo de un año para la revisión de los tratados internacionales, entonces debemos empezar a debatirlos y estar atentos”, puntualizó.
EL DIARIO intentó obtener mayor información sobre los tratados internacionales que se encuentran en carpeta a través de la Cancillería, pero la funcionaria Consuelo Ponce, tras comprometerse a facilitar una lista, nunca brindó información pese a la insistencia de este medio que considera que la opinión pública merece tener información, sin polémica, sobre los acuerdos que pueden afectar a toda la sociedad.
El Tratado de 1904 como ya anticipara el investigador Víctor Hugo Chávez, es el más importante acuerdo que el Estado debe denunciar o renegociar para que no contradiga a la Carta Magna, siendo un tema que el Gobierno deberá apurar en el marco de la demanda marítima y el pedido expreso, también constitucional, de un retorno a las costas del Pacífico con soberanía.
La novena disposición transitoria de la Carta Magna señala que los tratados anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico, mientras que “en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009), éste denunciará y en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
Sobre el tema, se evidencia una falta de conocimiento por parte de los legisladores bolivianos, que al ser consultados manifestaron que se trabajará en estos tratados y convenios durante esta legislatura, pero aún esperan un informe de parte de la Cancillería del Estado que es la encomendada al caso.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta abordar los temas de tratados internacionales en la Asamblea Legislativa a partir de esta gestión, porque consideran que esta instancia debe reforzar el tratamiento que se realiza a los acuerdos internacionales con otros países a través de la Cancillería.
El diputado oficialista, Roberto Rojas, señaló que de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), todos los legisladores tienen la obligación y el derecho de a tratar los temas internacionales ya que en los últimos años no sucedió este aspecto, por lo que varios temas fueron obviados.
Resaltó que uno de los temas fundamentales es la revisión de los tratados internacionales de Bolivia con otros países, tomando en cuenta que la nueva carta magna establece que los acuerdos internacionales anteriores a la constitución y que no la contradigan mantendrán su orden jurídico, sin embargo, de no ser así el Estado boliviano tiene un plazo de cuatro años después de la posesión del Órgano Ejecutivo, que fue en diciembre de 2009.
“Creemos que va ser muy importante que abordemos estos temas principalmente en la comisión de política internacional, para conocer cómo andan estos acuerdos y ver qué acciones tomar en adelante”, dijo.
Por su lado, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomas Monasterios, señaló que el país en su conjunto principalmente las autoridades competentes deben estar atentas a los plazos de denuncia para la renegociación de los tratados internacionales que no estén en base a la Constitución Política de Estado (CPE).
El asambleísta expresó su preocupación sobre el plazo de un año que le queda al país para denunciar los tratados que contradigan al ordenamiento constitucional, ya que al menos en la Asamblea Legislativa no se tocó el tema hasta el momento.
“Al menos en los últimos tres años que estuve en la Asamblea no hemos hecho análisis de alguna adecuación constitucional, nunca se abordó estos temas, pero me parece muy importante que lo hagamos, tomando en cuenta que son de interés del país además de que si existe el plazo de un año para la revisión de los tratados internacionales, entonces debemos empezar a debatirlos y estar atentos”, puntualizó.
EL DIARIO intentó obtener mayor información sobre los tratados internacionales que se encuentran en carpeta a través de la Cancillería, pero la funcionaria Consuelo Ponce, tras comprometerse a facilitar una lista, nunca brindó información pese a la insistencia de este medio que considera que la opinión pública merece tener información, sin polémica, sobre los acuerdos que pueden afectar a toda la sociedad.
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